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Principales actividades delictivas en internet

En comunicaciones anteriores introducíamos el concepto de ciberespacio, caracterizado por su ausencia física espacial y dificultades para aplicar a un concreto ordenamiento jurídico territorial, lo cual plantea infinidad de problemas teóricos y prácticos a la hora de abordar la cuestión de los denominados como ciberdelitos, cuya localización y persecución, tanto de la conducta antijurídica como del autor, se tornan sumamente complicadas.

Hoy, tratando de profundizar más en la casuística relativa a estos, traemos una nueva lista de actividades delictivas, quizá no tan conocidas para los que no se encuentren tan familiarizados con el mundo cibernético, pero no por ello menos peligrosas. Son las denominadas como Hacking, Craking y Malware.

Te adjuntamos una nota analizando este tipo de conductas, su evolución en los últimos años y sus posibles peligros. Como siempre, UBALDIS y su equipo de profesionales nos ponemos a tu disposición para resolver cualquier duda que se te plantee.

PRINCIPALES CONDUCTAS ANTISOCIALES DE INTERNET (II)

El ciberespacio ofrece un marco sumamente atractivo para el delincuente de cara a la comisión de modalidades delictivas exclusivas en este ámbito. Esta vez, aprovechamos para analizar unas conductas no tan conocidas, pero sí sumamente usuales en los últimos años como son el Hacking, el Cracking y el Malware.

I. HACKING

El término Hacking hace referencia al conjunto de técnicas mediante las cuales se accede a un sistema informático, vulnerando de este modo las medidas de seguridad establecidas en el mismo. Esta conducta suele ser ejecutada por un sujeto con profundos conocimientos y destrezas en dicha materia, denominado en el argot informático Hacker.

Si bien el Hacking, en sentido amplio, no tiene por qué suponer una conducta ilícita (i.e, puede formar parte de una relación contractual cuya finalidad fuera comprobar la robustez de las medidas de seguridad del sistema informático de una empresa o encontrar sus vulnerabilidades) nos centraremos en la actividad del Hacking que buscar localizar y detectar deficiencias en los sistemas ajenos accediendo a los mismos sin autorización de su propietario, suponiendo una grave amenaza tanto para empresas como internautas. Así, el denominado Hackeo, cada vez más utilizado en la jerga popular, incluso por los medios de comunicación, se trata de una de las conductas que más repercusión tienen en el ciberespacio entre todas las que se cometen.

Desde un enfoque territorial, son muchas las legislaciones nacionales que han tipificado dicha actividad nociva. En nuestro país, por ejemplo, el Código Penal establece una pena de prisión de seis a dos años al que,“por cualquier medio y vulnerando las medidas de seguridad establecidas para impedirlo, acceda o facilite a otro el acceso a un sistema de información.” (Artículo 197 bis).

Del mismo modo se condena la conducta tendente a,“crear o poner a disposición de terceros, programas que faciliten o permitan este acceso ilícito a un sistema de información.”

Desde la perspectiva del mundo cibernético suele prohibirse el hacking —entendido éste en su vertiente dañina— tanto en las condiciones generales, como en los términos de uso que las ciberorganizaciones ponen a disposición de sus usuarios (valgan como ejemplos de tales organizaciones Vibbo y el portal de acceso a Internet de Terra).

Sin embargo, encontramos en la otra cara de la moneda portales en los que la intromisión en los sistemas se encuentra prevista y no se sancionada, siempre y cuando el mismo proceso de Hacking se realice con buenas intenciones, y no en su vertiente ilícita.

Así ocurre en sitios como LinkedIn o Netflix, cuyas plataformas establecen que, si un profesional de la seguridad informática desea informar de una vulnerabilidad detectada, debe saber que existe una política sobre revelación responsable y que la plataforma no tomará medidas en su contra por comunicárselas, pudiendo llegar a tener menciones honoríficas en dichas páginas.

II. CRACKING

El concepto de Cracking (del inglés, “rompiendo”) tiene grandes similitudes con el Hacking, pues consiste también en la consecución de un acceso a un sistema informático vulnerando sus medidas de seguridad, si bien la intención y finalidad de la conducta esta vez se caracteriza porque dicho acceso se configura como ilícito, ilegítimo e ilegal, cambiando por ende sus efectos y consecuencias.

De este modo, el Cracking hará referencia a la ciberconducta antisocial consistente en un acceso en un sistema careciendo de autorización para ello, cuyo fin consiste en la producción de un daño o alteración de dicho sistema. El término también es usado cuando hablamos de vulneraciones en las medidas de protección anti copia de un software informático mediante técnicas de ingeniería inversa (Reversing).

Esta conducta, por lo tanto, añade al término de Hacking un plus de peligrosidad, pues los efectos dañinos producidos por este tipo de ataques rondan desde la inutilización de ciertos sistemas o el conjunto de una red de telecomunicaciones, al robo de datos, la manipulación de información, o la infección de otros ordenadores.

En nuestro sistema jurídico, el artículo 270.5 del Código Penal, en su apartado c), establece una pena de prisión de seis meses a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses para aquellos que,“eliminen o modifiquen, sin autorización, las medidas tecnológicas de protección de los contenidos.”

La finalidad de esta medida es proteger a quienes ostentan un derecho de propiedad intelectual de los llamados crackers, es decir, de aquellos que vulneran las medidas anti copia establecidas en un determinado software.

Atendiendo al espacio cibernético, el principal problema con el Cracking y, con ello, el interés en su regulación, se manifiesta con mayor fuerza en aquellas ciberorganizaciones que disponen de un software o producto que proteger frente a los intentos de ruptura y franqueo de los ciberdelincuentes. Sirvan de ejemplo entidades como Microsoft, Pokerstars.com, Blablacar.com, PlayStation, o YouTube, los cuales entablan, en sus términos generales, prohibiciones expresas a dichas actividades, así como la facilitación de medios de denuncia a los usuarios medios para actuar contra las mismas lo antes posible.

III. MALWARE

El término Malware, proveniente de «Malicious Software», es relacionado con todo tipo de programa o código malicioso diseñado para introducirse en un sistema informático, sin consentimiento de su propietario, y provocar daños, causar un mal funcionamiento o robar información. El término de virus o troyano, relativamente conocido incluso para legos en informática son tipos de Malware.

La ciberconducta consiste en tratar que un programa informático (Malware) se ejecute en el sistema de un tercero sin su conocimiento y con el propósito de causarle un perjuicio directo o indirecto u obtener un beneficio propio. Por lo tanto, es una conducta perteneciente en exclusiva al mundo cibernético. Al igual que el Cracking, la utilización de Malware suele ser el paso previo para cometer otros ciberdelitos.

Su ámbito de actuación no se reduce a ordenadores; sino que puede estar diseñado para introducirse en tabletas, Smartphones, dispositivos de almacenamiento, Data Centers, etcétera.

El ámbito español, de la misma manera que en las conductas anteriores, su tipificación la encontramos en el Código Penal cuyos artículos 264 y siguientes, advierten que,

“será castigado con pena de prisión aquel que produzca, adquiera, importe o facilite a terceros un programa informático, cuya finalidad sea borrar, dañar, deteriorar, alterar datos informáticos, programas, o documentos electrónicos.”

En lo relativo a la regulación en el ciberespacio, se puede encontrar con facilidad en toda ciberorganización, una previsión de comportamientos prohibidos en relación con la utilización de Malware para dañar los sistemas informáticos, ya sea de la propia organización o de los usuarios que utilizan sus servicios, normalmente en sus términos y condiciones de uso. Sirvan como ejemplos ilustrativos los de Netflix o Facebook, entre otros.

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Nulidad cláusulas vencimiento anticipado en hipotecas

Nulidad cláusulas vencimiento anticipado en hipotecas

Es evidente que este principio de año 2017 nos está trayendo, en materia bancaria, numerosas novedades de mano de los tribunales que están permitiendo atemperar los excesos de esta industria. Las cláusulas suelo o los gastos de formalización de los préstamos hipotecarios son ejemplos paradigmáticos del, hasta ahora, pretendido abuso de las entidades bancarias que ha venido provocando no pocos perjuicios al consumidor que contrataba con ellas.

En este ámbito, y transcurrido poco más de un mes desde la reciente Sentencia relativa a las cláusulas suelo ya comentada en anteriores comunicaciones, el Tribunal de Justicia la Unión Europea (TJUE) ha vuelto a pronunciarse en contra de los bancos. Esta vez, declarando la nulidad, por su carácter abusivo, de las cláusulas de vencimiento anticipado en los préstamos hipotecarios.

La reciente Sentencia del TJUE, de 26 de enero de 2017, pretende anular este tipo de cláusulas de vencimiento anticipado, entendidas por aquellas en virtud de la cuales, el impago por parte del deudor hipotecario de varias cuotas de su préstamo, permite a la entidad financiera tomar la decisión de resolver la operación, exigiendo la completa devolución de la totalidad del préstamo adeudado, lo que lleva aparejada la consiguiente ejecución hipotecaria. Dicha cláusula, en palabras del TJUE, se deberá tener “por no puesta” en estos contratos y debe tener la consideración de nula.

Siguiendo el mismo cauce procedimental que en el caso de las cláusulas suelo, este fallo del TJUE no tendrá repercusión sobre asuntos ya tratados en tribunales y cuyas resoluciones ya hayan adquirido firmeza, pero sí a todos los procedimientos que se encuentren aún en trámite (y, desde luego, sobre los todavía no reclamados).

Y, en concreto, a los procesos cuyo trámite se ha visto suspendidos, precisamente, a la espera de conocer cuál era la decisión del TJUE al respecto. En estos, las entidades se verán obligadas a iniciar un nuevo procedimiento para gestionar la reclamación de las deudas impagadas, renunciando, como hemos dicho, a la facultad ejecutoria que les habilitaba esa estipulación considerada ahora nula por abusiva.

Del mismo modo, se da un plazo más amplio tanto al usuario como al juez, para poder detectar la abusividad de la cláusula, esto es, hasta la entrega efectiva a la entidad, dando una mayor capacidad de acción a los afectados, en contra de unos bancos que, poco a poco, ven cada vez más delimitadas sus facultades.

Bien es verdad, obligado es decirlo, que la resolución es extremadamente reciente por lo que aún es un tanto pronto aventurar como actuarán, en la práctica, tanto judicatura como las propias entidades financieras afectadas en la tramitación y resolución de las reclamaciones que, con toda probabilidad, recibirán.

Como siempre, este Despacho y todo su equipo nos ponemos a tu completa disposición para solucionar cualquier cuestión que estime necesario.

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Reclamación de los gastos de formalizacion de la hipoteca

1. LA SENTENCIA DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2015.
El Tribunal Supremo declaró el pasado diciembre como abusivas las cláusulas con las que algunos bancos, como el Popular y el BBVA, imponían a sus clientes el pago de todos los gastos de formalización del préstamo hipotecario, cuando deberían asumirlos los bancos, al menos una parte, ya que las entidades bancarías son, realmente, las interesadas en registrar la escritura hipotecaria.
La sentencia 705/2015 de 23 de diciembre de 2015 del Tribunal Supremo declaró abusiva la cláusula en la que el BBVA impone al prestatario el pago de todos los gastos, tributos y comisiones derivados del préstamo hipotecario.
Desde entonces, se han pronunciado sentencias de diferentes Audiencias y Tribunales de Primera Instancia a favor y en contra de esta postura del propio Tribunal Supremo. En el caso de la Audiencia Provincial de Vizcaya se posiciona en una postura más intermedia.
En concreto, la Sentencia 398/2016 de 19 de octubre de 2016 de la mencionada Audiencia, aboga por un reparto de los gastos. Estima que resulta exigible desde un punto de vista abstracto la reciprocidad en el gasto, pues ambas partes se benefician de la intervención notarial o registral, al menos desde una aproximación inicial. Pues si bien el beneficiado por el préstamo es el cliente y dicho negocio puede conceptuarse como el principal frente a la constitución de la hipoteca no puede perderse de vista que la garantía se adopta en beneficio del prestamista (entidad bancaria).
En los últimos meses, al menos seis bancos, Santander, BBVA, CAIXABANK, BANKIA, SABADELL e IBERCAJA, han modificado sus cláusulas y asumen alrededor del 30% de los gastos para evitar más demandas.
2. QUIÉN PUEDE RECLAMAR.
En cuanto a quién puede reclamar, la sentencia del Supremo de 23 de diciembre de 2015 afecta a todos los que aún tengan una hipoteca en vigor o la han amortizado hace cuatro años (del 23 de diciembre de 2011 en adelante).
En teoría, no debería haber una fecha límite para hacer la reclamación de los gastos de la hipoteca ya que se trata de una acción de nulidad de pleno derecho de una cláusula abusiva. Sin embargo, bajo nuestro punto de vista, y por un criterio de prudencia, las reclamaciones deberían estar sometidas al plazo siguiente:
Para aquéllas hipotecas que se encuentren todavía vigentes, el plazo debería ser de 4 años a contar desde el día siguiente a la fecha de la Sentencia del Supremo (finalizaría el plazo el 24 de diciembre de 2019).
Para aquéllas hipotecas que ya hayan sido totalmente abonadas, se podría presentar reclamación, siempre y cuando su total pago se hubiera hecho dentro del plazo de los 4 años anteriores al 23 de diciembre de 2015.
Importantísimo destacar el hecho de que la sentencia del supremo afecta a todos los clientes particulares, que no empresas, dado que estas últimas no se encuentran dentro de la figura de consumidor o usuario que tanto los textos nacionales como la normativa europea protegen.
Del mismo modo, la sentencia afectará tanto a hipotecas de vivienda habitual como a segundas y terceras viviendas.
3. GASTOS RECLAMABLES
En cuanto a los gastos actuales objeto de reclamación, en la actualidad se están pidiendo los referentes a los de la notaría, los del registro de la propiedad, los de la gestoría (en caso de haber sido impuestos por la entidad bancaria) y los referentes a los impuestos de los Actos Jurídicos Documentados de la escritura hipotecaria (lo que supone casi el 70% de la factura). La cuantía de los gastos viene a ser entre el 2,5% y el 3% del préstamo hipotecario.
Si bien, como hemos adelantado al principio, pese al éxito de la sentencia del supremo, algunos jueces de instancias inferiores han ordenado la devolución únicamente de ciertos
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gastos (los de notaría, gestoría y registro, no así los Actos Jurídicos Documentados), o incluso negando la totalidad de la devolución del mismo (caso de Audiencias Provinciales de Oviedo y Zaragoza). Por ello, dada la actitud vacilante de las sentencias y lo reciente de las mismas, es pronto para la saber cuál será la línea de actuación definitiva de los tribunales en cuanto a la devolución de los diferentes conceptos.
4. DOCUMENTACIÓN
La documentación necesaria para poder reclamar los gastos es: La escritura de la hipoteca, ampliaciones o novaciones posteriores, recibo de pago de la hipoteca (solo si sigue vigente), factura de la gestoría tramitadora, la factura del notario, factura del registrador, carta de pago de Actos Jurídicos Documentados (modelo 600), certificado de empadronamiento (solo si es vivienda habitual) y escritura de cancelación de hipoteca (si estuviera cancelada y se tuviera dicho documento).
5. CÓMO RECLAMAR
En lo referente a la reclamación de los gastos de formalización de la hipoteca, se plantean dos opciones.
En primer lugar, la reclamación amistosa o extrajudicial, la cual está teniendo un éxito considerable, llegando a entablar acciones colectivas frente a los tribunales en caso de que el requerimiento amistoso no prospere.
Por otro lado, en el caso de la reclamación judicial, el importe variaría en función de la cantidad reclamada, si bien, suele rondar en torno al diez por ciento (10%) de la cuantía principal que se reclama.
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Productos financieros complejos:cómo se puede reclamar por ellos.

1.-PARTICIPACIONES PREFERENTES
Es un producto financiero de naturaleza híbrida (renta fija y renta variable). No está garantizado por el Fondo de Garantía de Depósitos en caso de quiebra del Banco y el cliente inversor puede perder parte o todo su capital, teniendo la potestad la entidad financiera de decidir de manera unilateral la no devolución del capital invertido al cliente.
En definitiva, es un préstamo que hace el cliente al Banco a fondo perdido y que una vez recibido por la entidad financiera, ésta tiene la posibilidad de quedarse el capital prestado a perpetuidad sin obligación de devolverlo. Tan es de esta manera que, en la práctica contable de los bancos oferentes, este capital pasaba a formar parte de los recursos propios del Banco y a computar en sus balances, lo que permitía a las entidades, dicho sea de manera muy sencilla, maquillar sus cuentas.
Los afectados están legitimados para, en sus reclamaciones antes la Administración de Justicia, solicitar la nulidad de los contratos por vicio o error en el consentimiento, argumentando que consideraban estar firmando una inversión segura y sin riesgo. Son competentes los Juzgados de Primera Instancia del lugar donde se contrataron, y suelen tardar 1 año en dictar una sentencia, siendo la resolución, en su caso, recurrible ante la Audiencia Provincial correspondiente, que puede tardar otros 6 meses más en resolver en apelación.

2. ACCIONES DE LA SALIDA A BOLSA DE BANKIA
El ciudadano medio sabe que al invertir en Bolsa puede perder parte o todo el dinero invertido. Pero, también es cierto que, ese mismo ciudadano, tiene derecho a conocer la verdadera situación financiera de la imagen económica y contable. Bankia ocultó a estos potenciales inversores un agujero económico de más de 20.000 millones de euros, cantidad por la que tuvo que ser intervenida 10 meses más tarde.
El Tribunal Supremo dictó en febrero de 2016 dos Sentencias que obligaron a la entidad a devolver a los pequeños accionistas todo el dinero invertido. Los pequeños inversores que decidan recuperar sus inversiones, tendrán que presentar una demanda judicial ante los juzgados civiles de primera instancia dónde conseguirán sentencia favorable que les permitirá recuperar el dinero invertido, más intereses, más costas.
En el caso de grandes empresas inversoras, los Tribunales pueden resolver en su contra, por sus “supuestos” conocimientos y experiencia. Sin embargo, es factible alegar que dichas grandes empresas no tuvieron más información a su alcance para conocer la situación económica de Bankia que el folleto informativo al que accedieron los inversores minoristas.

Ubaldis: Productos financieros complejos:cómo se puede reclamar por ellos

 

 

Empresas en liquidación en bilbao Ubaldis Abogados

Cual es el “estatus jurídico” de una sociedad que pierde su actividad

Estimado amigo:
Para arrancar el ejercicio con una de nuestras habituales comunicaciones, nos ha parecido interesante compartir, en modo resumido, una reflexión que es motivo de recurrente consulta por parte de nuestros clientes. Esto es, cuál sería la situación de una sociedad una vez que ha dejado de tener actividad si no se ha procedido al trámite de disolución y liquidación.
  

Dicho de otro modo, cual es el “estatus jurídico” de una sociedad que pierde su actividad, pero de la que sus administradores deciden no liquidar. Esta es, sin duda y en nuestra experiencia, una situación motivada por el deseo de evitar los trámites y gastos que la disolución y liquidación generan (mayores, evidentemente, cuanto mayor sea la conflictividad en la empresa), y, en ocasiones, por la decisión de mantenerla para activarla para su misma u otra actividad cuando se considere oportuno.
Lo que, en este sentido, hay que tener claro, es que una sociedad no disuelta y liquidada, aunque no opere, sigue teniendo obligaciones y responsabilidades frente a diferentes administraciones y, en su caso, frente a terceros.
Estas obligaciones a las que nos estamos refiriendo, de una manera muy fundamental, son las siguientes:
Frente a la Administración Tributaria, existe la obligación de comunicar que la sociedad está inactiva, teniendo, en tal caso, las que tributen en el Impuesto de Sociedades, la obligación de presentar declaraciones de este impuesto. No existirá, sin embargo, la obligación de presentar el resto de declaraciones. Importante, y guarda cierta lógica, como, desde la fecha de inactividad, el IVA soportado no será deducible.

Frente a la Seguridad Social, los administradores podrán darse de baja de la Seguridad Social en el RETA (Régimen especial de trabajadores autónomos). Claro está, siempre que no realicen otra actividad.

Frente al Registro Mercantil, siguen subsistiendo todas las obligaciones como si la sociedad estuviera activa (fundamentalmente, llevanza de contabilidad, legalización de libros y presentación de Cuentas Anuales)
En el punto de las Cuentas Anuales, no es poco importante (“ex” artículo 282.1 de la Ley de Sociedades de Capital), la posibilidad de que se imponga una multa a la sociedad por parte del ICAC (Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas) si estas no son presentadas. Estas multas pueden ser de entre 1.200 a 60.000 € o, si el volumen de facturación de la sociedad es de más de 6.000.000 €, de hasta 300.000 € por año de retraso. Bien es cierto que el ICAC no ha actuado, en caso de incumplimiento, con empresas activas ni con empresas inactivas, pero eso no quiere decir que no pueda ni deba hacerlo y que, siendo competencia suya (y considerando la voracidad recaudatoria de la Administración) sea una posibilidad a tener en consideración.   
  
De otro lado, el artículo 363 de la Ley de Sociedad de Capital, obliga a disolver una sociedad por el “cese en el ejercicio de la actividad o actividades que constituyan el objeto social” y se presume este tras un periodo de inactividad de un año. Y no es cuestión baladí, dado que, si se produce esta causa de disolución, son los administradores los obligados a convocar una Junta General que resuelva sobre la cuestión y, de no hacerlo, son ellos los responsables de las deudas sociales desde ese momento.
En consecuencia, cierto es que resulta más económico y menos oneroso (en puro coste y trámites) dejar la sociedad inactiva y no proceder a su disolución, pero eso no quiere decir que no haya obligaciones que subsisten y que sea, salvo cuestiones puramente estratégicas, una situación que convenga mantener en el tiempo.
Como siempre, ponemos a tu disposición este despacho y su equipo de profesionales para resolver aquellas dudas que puedas estimar necesario.
Recibe mientras tanto un cordial saludo,

José Luis Yela Pañeda

Empresas LOPD Bilbao Ubaldis

Responsabilidad derivada de transferir datos internacionalmente

Con ocasión de una pregunta planteada en el Despacho por un cliente, nos ha parecido oportuno hacer una nota informativa para quien interese y, en concreto, para aquellos de nuestros clientes sobre los que pueda recaer algún tipo de responsabilidad por transferir datos internacionalmente empleando para ello servidores situados, a veces sin conocerlo, fuera de territorio español.
El año pasado la Comisión Europea y, por ende, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), declaró que EEUU no disponía de medidas de seguridad suficientes para proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos en materia de protección de datos y, en concreto, los amparador en nuestro ámbito por la Ley Orgánica de Protección de Datos.

Con fecha 6 de octubre 2015, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) declaró inválido el nivel de protección de las garantías para las transferencias internacionales de datos a EEUU ofrecidas por el conocido como Acuerdo de Puerto Seguro.
Por ello, en el caso de que se tenga previsto continuar ejecutando transferencias internacionales de datos a través de herramientas cuyos servidores estén situados en EEUU (por ejemplo, el software Dropbox) nuestra recomendación es adecuarse lo antes posible a la normativa de protección de datos, legitimando dicho acto mediante las Cláusulas Contractuales Tipo adoptadas por las Decisiones de la Comisión Europea 2001/497/CE, 2004/915/CE y 2010/87/UE.
El incumplimiento de la normativa preceptiva puede conllevar multas de hasta 600.000 € en los casos de infracción muy grave.
Con finalidad aclaratoria, adjuntamos una nota resumen desarrollando la situación normativa actual. Si bien, como siempre, ponemos a tu disposición este despacho y su equipo de profesionales para resolver aquellas dudas que puedas estimar necesario.
Recibe mientras tanto un cordial saludo,

José Luis Yela Pañeda
  Presidente UBALDIS

que es el programa Compliance en España, Ubaldis Abogados

¿Qué es el legal Compliance?

El 2016 será el año del “Compliance

El LEGAL COMPLIANCE es un programa para gestionar el cumplimiento de las leyes y evitar riesgos penales de las empresas, debido a su actividad económica

Tal y como indica la nueva circular de la Fiscalía General del Estado, los modelos de “Compliance” tienen por objeto difundir una cultura ética de buen gobierno de las organizaciones empresariales

Ante esta tendencia, nuestro despacho se ha asociado a la Red Bonatti Servicios de “Compliance” con el firme objetivo de mejorar, enriquecer y complementar su oferta de servicios en esta materia, siempre con el fin de dar un servicio de calidad y adaptado a las necesidades de nuestros clientes.

La firma Bonatti Penal & Compliance posee una gran experiencia en el diseño, implementación y mantenimiento de programas de “Compliance” y sistemas de prevención de riesgos penales. En este año 2016 pone en marcha un programa exclusivo de “Legal Compliance”, único en España, diseñado y adaptado para microempresas y pymes, de modo que les permita implementar sistemas de “Compliance” proporcionados a su tamaño y objetivos.

Empresas ciberseguridad en Bilbao Ubaldis Abogados

Jornada de Ciberseguridad en la empresa

Ciberseguridad en la empresa

Las empresas viven en un entorno digital en el que la dependencia tecnológica, de los sistemas de información y de Internet es cada vez mayor. Las amenazas cibernéticas son una preocupación por los riesgos que generan. No es una cuestión únicamente de tecnología sino también de gestión empresarial y por lo tanto de responsabilidad de sus administradores.

  • –  ¿Cuáles son las amenazas actuales?
  • –  ¿Cuál es el coste medio y el impacto potencial de una violación de seguridad?
  • –  ¿Cuál es el marco legal de responsabilidad?
  • –  ¿Existe obligación de comunicar los ataques sufridos?
  • –  ¿Qué sectores tienen mayor exposición?
  • –  ¿Cómo podemos protegernos, gestionar y transferir el riesgo?
  • –  ¿Cuál es el ámbito de protección de las soluciones aseguradoras?
  • –  ¿Es cada vez más necesario e imprescindible disponer de una estrategia de protección ante ciber ataques?
  • –  ¿Realmente las compañías conocen la criticidad de su estrategia de ciberseguridad?
  • –  ¿Qué empresas realmente son capaces de analizar y ponderar adecuadamente el binomio seguridad/negocio?
  • –  ¿Qué ocurre con la identidad y la privacidad digital?Éstas y otras preguntas, de una manera didáctica y práctica, tendrán respuesta en la jornada de Ciberseguridad en la Empresa.
  • Bilbao 17, de febrero 2016