El Tribunal Supremo, en su Sentencia nº 449/2026, de 24 de marzo, ha aclarado una cuestión de notable relevancia práctica en el ámbito concursal: el plazo dentro del cual la administración concursal puede ejercitar una tercería de mejor derecho frente a una ejecución administrativa promovida por la Agencia Tributaria.
El litigio tenía su origen en una demanda presentada por la administración concursal de una sociedad en concurso. La administración alegaba que, tras la declaración de concurso, la Agencia Estatal de Administración Tributaria había embargado créditos que la concursada mantenía frente a diversos clientes y reclamaba la devolución de las cantidades obtenidas. Tanto el juzgado de primera instancia como la audiencia provincial estimaron inicialmente la pretensión de la administración concursal. Sin embargo, la AEAT recurrió en casación al considerar que la acción se había ejercitado fuera del plazo legalmente previsto.
El Tribunal Supremo estima el recurso y revoca las resoluciones anteriores. La Sala recuerda que la tercería de mejor derecho promovida por la administración concursal se rige por las normas generales previstas en la Ley de Enjuiciamiento Civil, en particular por los artículos 613 y siguientes, sin que exista una regulación especial que excluya la aplicación de dichas disposiciones.
Especial importancia adquiere el artículo 615 LEC, que establece el límite temporal para ejercitar la tercería de mejor derecho. Conforme a este precepto, la acción puede plantearse desde el momento del embargo hasta que la cantidad obtenida en la ejecución haya sido entregada al acreedor ejecutante. Una vez producido dicho pago, la acción resulta extemporánea.
La sentencia analiza además la relación entre esta institución procesal y las normas concursales. El Alto Tribunal destaca que la declaración de concurso determina, con carácter general, la paralización de las ejecuciones administrativas sobre bienes o derechos del concursado, salvo en los supuestos legalmente previstos. Precisamente por ello, la administración concursal dispone de mecanismos suficientes para conocer la existencia de tales procedimientos y ejercitar oportunamente la tercería cuando considere que existen créditos concursales con mejor derecho de cobro.
A la vista de estas consideraciones, el Tribunal concluye que la administración concursal también está sujeta al plazo preclusivo establecido en el artículo 615 LEC. En consecuencia, una vez realizado el derecho embargado y satisfecho el crédito del ejecutante, ya no es posible promover válidamente una tercería de mejor derecho. Al haberse ejercitado la acción después de ese momento, la demanda debía ser desestimada.
Esta resolución aporta seguridad jurídica en la coordinación entre el procedimiento concursal y las ejecuciones administrativas, al confirmar que la administración concursal debe actuar dentro de los límites temporales previstos en la legislación procesal común. Asimismo, refuerza la importancia de una actuación diligente por parte de la administración concursal para preservar los intereses de la masa activa y de los acreedores concursales.
