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Cual es el “estatus jurídico” de una sociedad que pierde su actividad

Estimado amigo:
Para arrancar el ejercicio con una de nuestras habituales comunicaciones, nos ha parecido interesante compartir, en modo resumido, una reflexión que es motivo de recurrente consulta por parte de nuestros clientes. Esto es, cuál sería la situación de una sociedad una vez que ha dejado de tener actividad si no se ha procedido al trámite de disolución y liquidación.
  

Dicho de otro modo, cual es el “estatus jurídico” de una sociedad que pierde su actividad, pero de la que sus administradores deciden no liquidar. Esta es, sin duda y en nuestra experiencia, una situación motivada por el deseo de evitar los trámites y gastos que la disolución y liquidación generan (mayores, evidentemente, cuanto mayor sea la conflictividad en la empresa), y, en ocasiones, por la decisión de mantenerla para activarla para su misma u otra actividad cuando se considere oportuno.
Lo que, en este sentido, hay que tener claro, es que una sociedad no disuelta y liquidada, aunque no opere, sigue teniendo obligaciones y responsabilidades frente a diferentes administraciones y, en su caso, frente a terceros.
Estas obligaciones a las que nos estamos refiriendo, de una manera muy fundamental, son las siguientes:
Frente a la Administración Tributaria, existe la obligación de comunicar que la sociedad está inactiva, teniendo, en tal caso, las que tributen en el Impuesto de Sociedades, la obligación de presentar declaraciones de este impuesto. No existirá, sin embargo, la obligación de presentar el resto de declaraciones. Importante, y guarda cierta lógica, como, desde la fecha de inactividad, el IVA soportado no será deducible.

Frente a la Seguridad Social, los administradores podrán darse de baja de la Seguridad Social en el RETA (Régimen especial de trabajadores autónomos). Claro está, siempre que no realicen otra actividad.

Frente al Registro Mercantil, siguen subsistiendo todas las obligaciones como si la sociedad estuviera activa (fundamentalmente, llevanza de contabilidad, legalización de libros y presentación de Cuentas Anuales)
En el punto de las Cuentas Anuales, no es poco importante (“ex” artículo 282.1 de la Ley de Sociedades de Capital), la posibilidad de que se imponga una multa a la sociedad por parte del ICAC (Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas) si estas no son presentadas. Estas multas pueden ser de entre 1.200 a 60.000 € o, si el volumen de facturación de la sociedad es de más de 6.000.000 €, de hasta 300.000 € por año de retraso. Bien es cierto que el ICAC no ha actuado, en caso de incumplimiento, con empresas activas ni con empresas inactivas, pero eso no quiere decir que no pueda ni deba hacerlo y que, siendo competencia suya (y considerando la voracidad recaudatoria de la Administración) sea una posibilidad a tener en consideración.   
  
De otro lado, el artículo 363 de la Ley de Sociedad de Capital, obliga a disolver una sociedad por el “cese en el ejercicio de la actividad o actividades que constituyan el objeto social” y se presume este tras un periodo de inactividad de un año. Y no es cuestión baladí, dado que, si se produce esta causa de disolución, son los administradores los obligados a convocar una Junta General que resuelva sobre la cuestión y, de no hacerlo, son ellos los responsables de las deudas sociales desde ese momento.
En consecuencia, cierto es que resulta más económico y menos oneroso (en puro coste y trámites) dejar la sociedad inactiva y no proceder a su disolución, pero eso no quiere decir que no haya obligaciones que subsisten y que sea, salvo cuestiones puramente estratégicas, una situación que convenga mantener en el tiempo.
Como siempre, ponemos a tu disposición este despacho y su equipo de profesionales para resolver aquellas dudas que puedas estimar necesario.
Recibe mientras tanto un cordial saludo,

José Luis Yela Pañeda

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